Esta campaña ha finalizado. El 17 de mayo de 2023, el Senado aprobó la primera Ley estatal de Vivienda en democracia.
No todas nuestras reclamaciones han sido recogidas y la aplicación de esta ley depende ahora del impulso del Gobierno central y de la voluntad política de las Comunidades Autónomas. Pero es un paso adelante en una protección que era necesaria y urgente ante las dificultades de millones de personas en nuestro país para acceder a una vivienda.
Con la primera Ley de Vivienda en democracia nos jugamos mucho
La vivienda es un derecho humano necesario para desarrollar nuestro proyecto de vida. No debería ser un producto de lujo ni un bien de inversión. El derecho internacional y la Constitución española respaldan y protegen este derecho humano.
Sin embargo, acceder a una vivienda digna es cada vez más complicado. Si comprar una casa es solo un sueño para muchas personas, la opción del alquiler no lo pone más fácil. Los precios de los alquileres se han desbocado, solo en los últimos cinco años el precio medio del alquiler ha subido un 41% y desde el año 2013 se han producido más de 500 000 desalojos. Solo el 15,6% de personas jóvenes se emancipa y la única alternativa viable para una de cada tres jóvenes es el alquiler compartido.
En este contexto, un 37% de la población debe dedicar más del 40% de sus ingresos a los gastos de vivienda, diez puntos por encima de lo que recomienda el Banco de España (30%). Por su parte, el Parlamento Europeo señaló que una vivienda es asequible si el presupuesto restante de quien la habita es, cuando menos, suficiente para atender otros gastos fundamentales para una vida digna. La crisis de vivienda en España, que hunde sus raíces en la crisis financiera de 2008, se agrava en el contexto actual de incremento del coste de la vida y sombrías perspectivas económicas.
El derecho a la vivienda en España
España es el país que más condenas ha recibido del Comité de derechos económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas por vulnerar el derecho a la vivienda y otros mecanismos de Naciones Unidas han instado a España a adoptar una ley que lo proteja.
Es necesario y urgente cambiar las reglas del juego: sustituir las actuales dinámicas de mercado y especulación por una LEY URGENTE que blinde la protección del derecho a la vivienda y proteja a todas las personas y sus derechos frente a la crisis de vivienda en España.
El Congreso de los Diputados está tramitando un proyecto de ley de vivienda que podría aprobarse en cuestión de semanas. Exigimos que este texto garantice la máxima protección del derecho a la vivienda. Para ello, los grupos políticos deben trabajar para acordar y aprobar una ley que:
Proteja a las personas ante el incremento descontrolado de precios del alquiler
La vivienda es un derecho humano y debe ser asequible, no es un bien de inversión o un producto de lujo.
El control de precios en las zonas definidas como “tensionadas” debe aplicarse desde la aprobación de la ley, sin plazos adicionales, y sin distinción entre grandes o pequeños propietarios. Solo así se podrá frenar la especulación y abusos en el precio.
Asegure que ningún desalojo deje a las personas en la calle
En 2021 se produjeron más de 41 000 desalojos, un 20% más que en 2020 y suman ya más medio millón desde 2013. A pesar de que no se publican datos sobre a cuántas personas han afectado ni su grado de necesidad, tras estas cifras hay hombres, mujeres, niños y niñas que tienen derecho a la vivienda.
Quienes enfrentan un desalojo deben contar con mayor protección en la ley: los tribunales deben valorar si es una medida razonable, proporcional y qué consecuencias tendrá para las personas desalojadas, asegurando siempre una vivienda alternativa en los casos de personas sin recursos para ello.
Incremente el número de viviendas destinadas a políticas sociales con objetivos concretos
En España, solo un 1,6% de las viviendas existentes están dedicadas a políticas sociales, mientras que el estándar de países de nuestro entorno de la Unión Europea supera el 15%. La vivienda social es clave para garantizar el acceso a la vivienda cuando las condiciones del mercado inmobiliario son un obstáculo insalvable para muchas personas en situación de vulnerabilidad.
La ley debe fijar objetivos cuantificables de aumento anual del parque de vivienda social hasta equipararse con los países europeos de nuestro entorno.
¿Quieres más detalles? - Accede a las siete recomendaciones clave y al análisis completo de Amnistía Internacional para el proyecto de ley aprobado por el Consejo de Ministros y que ahora tramita el Congreso de los Diputados.
- Conoce más sobre el derecho a la vivienda en España en nuestra página temática.